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Trump admite que su hijo se reunió con rusos para obtener información

El encuentro ha sido sometido a un intenso escrutinio por parte del fiscal especial Robert Mueller.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el domingo que su hijo se reunió con una abogada rusa en la Torre Trump en 2016 “para obtener información sobre un oponente”, pero defendió el hecho como “totalmente legal”.

Este fue el reconocimiento más directo de Trump acerca de que el motivo de la reunión de junio de 2016 fue encontrar información comprometedora sobre Hillary Clinton, su rival demócrata para la presidencia.

Como lo hizo en el pasado, Trump insistió en un tuit que no sabía en ese momento sobre la reunión entre su hijo Donald Jr. y Natalia Veselnitskaya, una abogada vinculada al Kremlin.

“Fue una reunión para obtener información sobre un oponente, totalmente legal y que se hace todo el tiempo en política, y no sirvió. ¡Yo no sabía sobre esto!”, escribió.

La reunión ha sido sometida a un intenso escrutinio por parte del fiscal especial Robert Mueller, quien está investigando si los miembros de la campaña de
Trump coludieron con Rusia para influir en las elecciones de 2016 a favor del republicano.

El diario The Washington Post informó el domingo que Trump ha estado reflexionando sobre si su hijo involuntariamente se puso en riesgo legal al reunirse con Veselnitskaya. Donald Jr. dijo inicialmente en un comunicado al matutino The New York Times en julio de 2017, que la reunión era “principalmente” sobre las adopciones por parte de estadounidenses a niños rusos.

El Post informó que la declaración fue dictada por el presidente. El hijo del mandatario luego admitió que aceptó la reunión con Veselnitskaya, con la esperanza de obtener información que dañara a Clinton, pero aseguró que no obtuvo nada de eso.

Mientras tanto, los abogados de Trump argumentan que la reunión, en sí misma, no violó ninguna ley.

AFP

Legalización del aborto divide en Argentina y se votará en el Senado

El próximo miércoles se definirá el futuro de la interrupción voluntaria del embarazo.

Con pañuelos verdes y a una sola voz, miles de mujeres volverán a pedir en Buenos Aires la legalización del aborto en Argentina el próximo miércoles, cuando, por primera vez en 35 años de democracia, el asunto sea debatido y votado en el Senado.

El debate será histórico y tendrá lugar en medio de una marcada polarización que ha llevado a las calles a quienes están a favor y en contra de un proyecto de ley que autoriza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin condición y garantiza su gratuidad en todos los centros de salud del país.

“Este es un reclamo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo (…) La legalización es una demanda del movimiento de mujeres, del movimiento de derechos humanos, y es, fundamentalmente, una deuda de la democracia”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires.

Según la ley actual, las mujeres que aborten en Argentina pueden recibir entre uno y cuatro años de cárcel, salvo las víctimas de violación o las mujeres que tienen en peligro su vida o salud.

Las cifras no dejan de llamar la atención. Los últimos datos oficiales disponibles, presentados por el ministerio de Salud de Argentina, revelan que en el 2016 murieron 246 mujeres embarazadas por diferentes motivos. De ellas, 43 fallecieron a causa de “un embarazo terminado en aborto”.

Además, al dato de las muertes se suma uno presentado por la ONG Amnistía Internacional: “Cada año se practican en Argentina 500.000 abortos, lo que representa aproximadamente el 40 por ciento de todos los embarazos”.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –conocida también como la de los pañuelos verdes– se dice que lo que se busca con el cambio de legislación es garantizar “el acceso universal a los servicios públicos de salud y educación”.

“El grito de la campaña se amplificó con el #Niunamenos. En ese reclamo de terminar con la violencia contra las mujeres entra acabar con la clandestinidad del aborto”, agregó Cárdenas.

El debate que generó esta cuestión llevó a más de 900 expertos a exponer sus argumentos a favor y en contra ante la Cámara de Diputados y el Senado. La primera ya dio su aval al proyecto el pasado 14 de junio con una votación muy reñida (129 diputados a favor, 125 en contra y una abstención). Ahora falta el veredicto del Senado –con 72 miembros–, donde se espera que el resultado también sea ajustado.

Los defensores de este asunto aseguran que el aborto “hace parte de los servicios de salud reproductiva”, y por eso el Estado “debería brindarlo como cualquier otro tipo de servicio de salud”.

“Debe ser seguro porque la salud debe estar disponible y ser segura y oportuna. Debe ser legal porque las mujeres no pueden ser perseguidas por tener que acceder a un servicio de salud. Y tiene que ser gratuito porque ese servicio debe estar disponible para que las mujeres puedan acceder”, dijo a este diario Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

o crear un servicio de acompañamiento del embarazo vulnerable”, apuntó Basset.

Todos tenemos preocupaciones, pero lo democrático es discutirlo y pensar cómo podemos llegar a una solución que no deje una parte de la población afuera y no quedar como vencidos y vencedores”, agregó.

Asimismo, el debate alrededor de la legalización del aborto en Argentina ha tenido eco en el mundo. Desde diferentes países se han hecho protestas para apoyar y rechazar el proceso.

Por eso hay quienes creen que, independientemente del resultado que deje la votación del próximo miércoles en el Senado, se han dado pasos de gigante y que el ejemplo argentino es clave para levantar las restricciones existentes en Latinoamérica.

“Estamos alcanzando a llegar a momentos donde no nos imaginábamos que íbamos a llegar años atrás”, señaló Martínez, quien explicó que en la región “pocos han legalizado el aborto por etapa gestacional” (Uruguay, Cuba, Ciudad de México y Puerto Rico).

“Es importante lo que esto deja socialmente, simbólicamente, en la opinión pública. (…) La lucha no se acaba si perdemos el proyecto de ley la próxima semana”, añadió.

Sandra Ramírez Carreño
Subeditora Internacional
Twitter: @esalgosimple